Por EBER HUEZO
Me llamó la atención que el
relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, James Anaya, visitó El Salvador por primera vez esta semana, para evaluar la situación de los pueblos
indígenas de este país. Llama la atención porque en El Salvador oficialmente no
se reconoce a ningún grupo indigena existente calificándolos a todos como
ladinos.
De hecho es una verguenza para muchos salvadoreños que le digan que sus raíces proceden de alguna etnia de lugares donde todavía existen
vestigios precolombinos; aun la misma Constitución de este país, niega en todas
sus partes, la existencia de éstos cuando bien sabemos que nuestros indigenas se
asientan en lugares como Cacaopera, Nahuizalco, Suchitoto, Panchimalco y en
algunos otros lugares de la zona oriental del país.
Se dice que hasta 1930 la
población indigena salvadoreña se estimaba en un 20%. En realidad una población
pequeña, pero que se trató de extinguir en 1932 cuando la más grande
insurrección indígena fue reprimida por el entonces presidente militar, Maximiliano
Hernández Martínez. Algunos especialistas estiman que en el hecho murieron
cerca de 25.000 indígenas y que a raíz de la masacre, la identidad cultural
aborigen casi desapareció en El Salvador.
Jesús Amadeo Martínez, de origen
Lenca e integrante del Consejo
Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), comentó que "la más profunda"
discriminación que en la actualidad viven "es que el Estado no reconoce
que existimos", aunque indicó que también hay otras violaciones en cuanto
a la forma y a las prácticas que utilizan para la salud, entre otras. Según
Luna, este sector de la población "no tiene oportunidades de
trabajo", ni "opciones de vida favorables".
El Estado salvadoreño debe crear
políticas públicas encaminadas a garantizar el buen vivir de los pueblos
indígenas, contribuyendo así al respeto y conservación de la seguridad
alimentaria (...), la protección del medio ambiente, descontaminación de las aguas",
señalaron en un comunicado los indígenas y la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos. Además pidió al Gobierno firmar y ratificar el convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas
y Tribales de Países Independientes, para que sus derechos no sean tan
vulnerados.
Se calcula que de los más de 6 millones de habitantes de este país centroamericano un 17 % son indígenas
lenca, nahuat y cacahuirá.
La visita, pues, del enviado
especial de las Naciones Unidas a El Salvador, es importante, primero porque
internacionalmente se reconoce la existencia de pueblos indigenas en el país y Segundo
porque es un hecho que el gobierno de El Salvador debe reconocer constitucionalmente
la existencia de los mismos, para iniciar una serie de programas que constribuyan al desarrollo y a la difusión de la cultura
de nuestros indogenas en el país.
Estoy de acuerdo con la reciente
declaración del procurador salvadoreño de Derechos Humanos, Óscar Luna, quien señaló
en su oportunidad, que es importante "la ratificación de la reforma
constitucional para que se reconozca los derechos de las personas y los pueblos
indígenas", debido a que aún siguen siendo "discriminados,
invisibilizados y estigmatizados".
Esta será la primera visita a El
Salvador de un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas para monitorear los derechos de los pueblos
indígenas, por lo cual esperamos que
esta visita contribuya a dar visibilidad a las preocupaciones de los pueblos
indígenas en El Salvador, preocupaciones que son a menudo ignoradas por nosotros.

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